Justicia por prescripción tras diez años de sombra judicial.

Por lanoticia.net

El extenso y mediático proceso judicial contra la abogada Lizana Henríquez Gómez, que en 2015 sacudió los cimientos políticos de La Guajira, ha llegado a su fin definitivo. Tras casi una década de señalamientos por delitos como fraude procesal, enriquecimiento ilícito y estafa agravada, el Juzgado decretó la preclusión de la investigación el pasado 4 de diciembre de 2024. Según explicó su defensora, la abogada Maureen Puente Vidal, la decisión se fundamentó en la prescripción de los términos, lo que significa que el Estado perdió la potestad de seguir juzgándola debido a la inactividad y demora del sistema judicial.

El caso, que tuvo su origen en el trámite de tutelas y facturas mientras Henríquez se desempeñaba como asesora jurídica de la Secretaría de Salud Departamental, alcanzó dimensiones nacionales cuando la profesional fue extraditada desde España para responder ante la justicia colombiana. No obstante, la defensa siempre sostuvo que las conductas atribuidas eran imposibles de cometer por una sola persona y cuestionó por qué otros altos funcionarios de la época, vinculados inicialmente, nunca fueron imputados por la Fiscalía. El proceso, marcado por traslados de expedientes entre Bogotá, Riohacha y Maicao, nunca llegó a la etapa de juicio oral debido a constantes reprogramaciones.

Más allá de los estrados, la nota humana de este cierre judicial refleja el «desgaste» de una familia entera. Durante años, Henríquez enfrentó medida de aseguramiento intramural, mientras su hijo crecía en visitas carcelarias y sus padres, adultos mayores, sufrían el deterioro de su salud bajo el escrutinio público y las redes sociales. «Lizana quedó libre de toda culpa», afirmó Puente Vidal, subrayando que, aunque no hubo una sentencia de fondo, la preclusión cierra un capítulo que, a juicio de la defensa, estuvo influenciado por la presión política y el parentesco familiar de la abogada con el gobernador de turno.