Fallo administrativo fatal. Resolución de la Fiscal General provoca “caos” en los Gaula y frustra rescate de militar secuestrado y asesinado en Bogotá.

Por redacción.

La Fiscalía General de la Nación enfrenta una grave polémica por la implementación de una nueva resolución que, según fiscales e investigadores, desarticuló la capacidad de respuesta inmediata de las unidades Gaula del país, resultando en el trágico secuestro y asesinato de un joven militar en Bogotá.

La víctima es el cabo Quintero, de 26 años, oriundo de Santander, quien fue secuestrado, torturado y asesinado por presuntos integrantes del Tren de Aragua al acudir a una cita para comprar un carro. Su cuerpo fue abandonado posteriormente en Soacha.

Según el relato de sus compañeros, el militar se habría salvado de no ser por un “caos” administrativo desatado por la Resolución 0298, firmada por la fiscal general Luz Adriana Camargo el pasado 9 de octubre.

Cuando los investigadores del Gaula intentaron iniciar los actos urgentes (allanamientos, interceptaciones) necesarios para el rescate, se encontraron con una pared burocrática:

Ausencia de Fiscales Gaula: En las Unidades de Reacción Inmediata (URI) les informaron que, debido a la resolución, no había fiscales de Gaula disponibles para recibir la denuncia y emitir las órdenes de policía judicial.

Negativa Replicada: La misma escena de rechazo se repitió tres veces en diferentes centros de atención.

El resultado final fue devastador: el militar fue asesinado mientras los investigadores esperaban la orden de un fiscal para actuar.

La Resolución 0298, que la Fiscalía defiende como resultado de un estudio detallado, argumenta que los delitos de secuestro y extorsión están asociados “en su mayoría” a Grupos Armados Organizados (GAO) y Grupos de Delincuencia Organizada (GDO). La nueva directriz busca atacar estos delitos de manera articulada y “no caso por caso”, eliminando de facto la estructura especializada de los Gaula tal como se conocía.