Luis Eduardo Acosta desmiente a sectores políticos: «El acueducto de Monguí es fruto de una lucha judicial y no de favores electorales».

Por lanoticia.net

Tras más de 13 años de un constante litigio judicial y gestiones administrativas adelantadas en solitario, el exprocurador judicial Luis Eduardo Acosta Medina aclaró de manera contundente ante la opinión pública que el avance y la próxima entrega de las obras del sistema de acueducto para el corregimiento de Monguí y sus zonas aledañas no obedecen a movidas ni a protagonismos de sectores políticos oportunistas.

El exprocurador recordó que esta trascendental obra es el resultado directo de una Acción Popular impulsada por él mismo en el año 2013, la cual estuvo fundamentada en un estudio técnico financiado con sus propios recursos para demostrar que las comunidades rurales del sur de Riohacha consumían agua no apta para el consumo humano. Este esfuerzo ciudadano derivó en un fallo favorable de primera instancia dictado por el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión y ratificado posteriormente por el Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira, ordenando legalmente la garantía del suministro de agua potable.

En el marco de este proceso legal, se amparó el derecho fundamental al acceso al agua potable no solo para el corregimiento de Monguí, sino también para las poblaciones de Machoballo, Tomarrazón, Cotoprix y Matitas. A pesar de que la iniciativa nació de su deber ciudadano y profesional sin ningún tipo de pretensión electoral ni respaldo partidista, Acosta señaló que durante los momentos críticos en los que se buscó el apoyo del Gobierno Nacional para iniciar las ejecuciones, no se obtuvo el respaldo requerido.

Actualmente, las obras de infraestructura registran un avance del 95% y tienen prevista su fecha de entrega para el próximo 19 de septiembre, quedando únicamente a la espera de que la empresa Air-e defina el punto de conexión eléctrica necesario para la puesta en marcha del sistema. Con pruebas e historial procesal en mano, Acosta Medina enfatizó que no permitirá que dirigentes o candidatos pretendan adjudicarse como medalla política un logro social que costó más de una década de perseverancia legal en beneficio de las futuras generaciones de la región.